La presión de Washington contra la CPI llega a América Latina

La Corte Penal Internacional (CPI) se creó para abordar un problema: ¿cómo garantizar que ciertos crímenes no queden impunes cuando los tribunales nacionales carecen de los medios o de la voluntad para juzgar a sus responsables?

Durante más de dos décadas, desde que comenzó a funcionar en 2002, la CPI ha intentado dar respuesta a esa pregunta. Sin embargo, la institución se enfrenta ahora a una resistencia cada vez mayor, especialmente en América.

Recientemente, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, asistió a una conferencia en Panamá y se dirigió a los miembros de la Coalición Americana contra los Cárteles (ACCC), una iniciativa liderada por Estados Unidos para combatir a los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales. Entre sus mensajes, hubo uno que llamó especialmente la atención: animó abiertamente a los miembros de la ACCC a retirarse de la Corte Penal Internacional.

¿Por qué?

Estados Unidos mantiene desde hace tiempo una relación difícil con la CPI. Washington se opone a que la Corte pueda investigar o procesar a soldados y funcionarios estadounidenses. Se trata de una cuestión especialmente importante para un país que mantiene tropas y lleva a cabo operaciones militares en distintas partes del mundo, donde su personal podría quedar potencialmente bajo la jurisdicción de la CPI.

En el caso concreto de sus actividades en Centroamérica y Sudamérica, esto podría generar obstáculos legales y un mayor escrutinio sobre las operaciones militares estadounidenses en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

Historia de la CPI

A lo largo de su historia, la CPI ha logrado condenar a figuras como el líder de una milicia congoleña Thomas Lubanga y Dominic Ongwen, antiguo comandante del Ejército de Resistencia del Señor.

Sin embargo, la CPI tiene una importante limitación: no cuenta con una fuerza policial propia y depende de los Estados miembros para hacer cumplir sus decisiones. Esto significa que, sin la cooperación de las autoridades nacionales, sus decisiones pueden quedarse simplemente sobre el papel.

Esto quedó claro cuando Vladimir Putin visitó Mongolia en 2024 a pesar de la orden de arresto emitida por la CPI. Mongolia es miembro de la CPI, pero no lo detuvo. La Corte determinó que el país había incumplido sus obligaciones, pero, en la práctica, Putin simplemente regresó a Rusia.

En última instancia, la capacidad de la CPI para hacer cumplir sus decisiones depende de la voluntad de los Estados de ejecutarlas.

Críticas

Existe la percepción de que la justicia internacional ha sido más fácil de aplicar a los Estados más débiles, mientras que las grandes potencias han permanecido, en gran medida, protegidas de sus consecuencias.

La investigación sobre los crímenes cometidos por las fuerzas británicas en Irak reforzó estas preocupaciones. El fiscal de la CPI concluyó que existían motivos razonables para creer que las fuerzas británicas habían cometido crímenes de guerra, entre ellos actos de tortura y tratos crueles. Sin embargo, no abrió una investigación completa al considerar que no era posible demostrar que las autoridades británicas no estuvieran realmente dispuestas a investigar las acusaciones.

En el caso de Colombia, la controversia es diferente. Tras examinar los crímenes cometidos durante las décadas de conflicto armado en el país, la CPI cerró su examen preliminar en 2021 al considerar que las instituciones colombianas, en particular la Jurisdicción Especial para la Paz creada tras el acuerdo con las FARC, estaban tomando medidas reales para investigar y establecer responsabilidades.

Sus defensores interpretaron la decisión como una muestra de respeto hacia el sistema judicial colombiano. Sus críticos, en cambio, argumentaron que los antiguos guerrilleros responsables de crímenes graves no estaban recibiendo penas proporcionales a la gravedad de sus actos y que la CPI estaba haciendo poco para garantizar una verdadera justicia.

Estos ejemplos muestran que la institución está lejos de ser perfecta.

La realidad a la que se enfrenta la región

Los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales operan más allá de las fronteras, corrompen instituciones, controlan territorios y, en algunos casos, cuentan con suficiente poder de fuego como para desafiar al propio Estado. Por ello, los gobiernos de la región tienen fuertes incentivos para profundizar su cooperación con Washington en materia de seguridad.

Estados Unidos puede proporcionar inteligencia, capacidades de vigilancia, armas, entrenamiento y recursos militares que pocos países de la región pueden igualar.

La CPI ofrece algo diferente: un mecanismo externo destinado a poner límites al uso del poder estatal cuando los mecanismos nacionales de rendición de cuentas fallan.

En principio, ambas cosas no deberían ser incompatibles. Los gobiernos deberían poder combatir eficazmente el crimen organizado y, al mismo tiempo, rendir cuentas por la forma en que lo hacen. Sin embargo, el creciente enfrentamiento entre Washington y la CPI está generando tensiones entre ambos objetivos.

No sería exacto afirmar que Pete Hegseth planteó a los gobiernos un ultimátum del tipo «abandonen la CPI o perderán el apoyo de Estados Unidos». Sin embargo, pedir a los miembros de la ACCC que se retiren de la Corte mientras se amplía la cooperación con ellos en materia de seguridad supone un claro incentivo político.

Por qué importa la geopolítica

Esta tensión pone de manifiesto una realidad: la eficacia del derecho internacional depende en gran medida del contexto geopolítico del momento. Para los países que se enfrentan a poderosas organizaciones criminales, la cooperación con Estados Unidos ofrece una ventaja inmediata: una mayor capacidad para responder a las amenazas de seguridad actuales.

La CPI ofrece algo menos visible: una protección frente a las posibles consecuencias de un abuso de poder.

Para los países latinoamericanos, mantener un equilibrio entre ambas cosas podría volverse cada vez más difícil.