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La vulnerabilidad de Europa frente a las redes criminales latinoamericanas: una amenaza para la soberanía de los Estados

Foto del escritor: Laura Tatiana Pérez Molina
Laura Tatiana Pérez Molina
24 oct
5 min de lectura
Representación simbólica de las redes criminales, el dinero ilícito y las instituciones europeas.

El 15 de julio de 2026, las autoridades alemanas desmantelaron un laboratorio de metanfetamina en Ludwigsfelde, cerca de Berlín, y detuvieron a tres ciudadanos mexicanos. Este caso es un indicio más de una tendencia creciente: las organizaciones criminales latinoamericanas están reforzando su presencia en Europa, desarrollando operaciones sobre el terreno, estableciendo alianzas con grupos criminales europeos y entrando en nuevos mercados.


El tráfico de cocaína es, sin duda, uno de los principales motores de esta expansión. Producida principalmente en Colombia, Perú y Bolivia, la droga recorre redes marítimas internacionales bien establecidas antes de llegar a los puertos europeos. Una vez en Europa, las organizaciones criminales colaboran con grupos locales que facilitan el transporte y la distribución de mercancías ilícitas y aprovechan las infraestructuras comerciales existentes. Algunas también participan en la producción de drogas sintéticas y en otras actividades ilegales, ampliando así su presencia más allá del tráfico de cocaína.


La magnitud del mercado europeo es reveladora. Según la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA), los Estados miembros incautaron 419 toneladas de cocaína en 2023, una cifra récord en aquel momento. Bélgica, España y los Países Bajos concentraron el 72 % del total incautado. Las incautaciones notificadas disminuyeron en 2024, pero esto no significa necesariamente que el tráfico se haya reducido: los cambios en las rutas y la diversificación de los métodos empleados dificultan la interpretación de estas cifras. Es importante tener en cuenta que las cantidades incautadas no representan ni el total de cocaína que entra en Europa ni el volumen que se consume. Sin embargo, sí reflejan la presión constante que el narcotráfico ejerce sobre las autoridades europeas.


El atractivo del mercado europeo no se explica únicamente por la existencia de consumidores dispuestos a comprar cocaína. Se debe a la combinación de una demanda considerable, redes logísticas internacionales, grupos criminales ya establecidos y oportunidades para convertir ganancias ilícitas en riqueza aparentemente legítima. No obstante, este artículo no pretende profundizar en todos los aspectos del funcionamiento de estas organizaciones.


El negocio no solo mueve drogas


La llegada de cocaína a Europa es la parte más visible de una economía criminal mucho más amplia. El traslado de drogas a través de las fronteras requiere acceso a redes de transporte, instalaciones de almacenamiento, servicios financieros y personas dispuestas o forzadas a colaborar. Cuando las organizaciones criminales se integran en estos sistemas, su influencia va mucho más allá del mercado ilegal. No se limitan a trasladar drogas de un país a otro: también extienden las consecuencias de sus actividades, como la corrupción, la intimidación, los flujos financieros ilícitos y las presiones sobre los gobiernos y las instituciones.


Los puertos ofrecen uno de los ejemplos más claros. Las redes criminales buscan captar o comprometer a trabajadores portuarios, empleados del transporte marítimo, funcionarios de aduanas o empresas de transporte para facilitar el traslado y la recuperación de cargamentos ilícitos. Para conseguir su colaboración o evitar que denuncien sus actividades, pueden recurrir al soborno y a la intimidación. La corrupción se identifica como un factor clave que facilita las actividades criminales en los puertos europeos, especialmente en Amberes, Róterdam y los puertos de Hamburgo y Bremerhaven.


Sin embargo, las consecuencias no terminan en los puertos. Las ganancias obtenidas mediante el narcotráfico deben transferirse, ocultarse o reinvertirse. Esto genera una demanda de servicios de blanqueo de capitales, sociedades pantalla, facturas falsas y otros mecanismos financieros. Las empresas legítimas pueden utilizarse para encubrir transacciones ilícitas, mientras que las ganancias criminales pueden distorsionar la competencia. Las organizaciones criminales pueden utilizar el dinero procedente del narcotráfico para invertir en la economía legal y competir con empresas que operan legítimamente. A diferencia de estas últimas, no dependen exclusivamente de los beneficios obtenidos mediante actividades legales para mantener sus operaciones.


En febrero de 2026, Europol anunció el desmantelamiento de una red criminal internacional que blanqueaba ganancias procedentes del tráfico de cocaína para grupos criminales italianos. Los investigadores rastrearon los movimientos de dinero a través de sociedades pantalla y facturas falsas hasta llegar a inversiones reales en bienes de lujo. Estos mecanismos permiten que las ganancias del narcotráfico circulen entre distintos países y entren en la economía legal.


Además, la violencia y la intimidación pueden debilitar la confianza de la población en las autoridades, desalentar la colaboración con las fuerzas del orden y hacer que las comunidades sean más vulnerables a la influencia criminal. A medida que varios grupos intentan establecerse en un mismo territorio, la rivalidad entre ellos también puede generar más violencia, especialmente cuando buscan controlar las redes de distribución y las principales rutas comerciales.


El desafío geopolítico: la soberanía bajo presión


La soberanía suele entenderse en términos de integridad territorial, control de las fronteras, defensa militar y capacidad de los gobiernos para tomar decisiones independientes. Sin embargo, el crimen organizado pone de manifiesto otra dimensión: la capacidad de un Estado para hacer cumplir sus leyes, proteger sus instituciones e impedir que intereses privados o criminales se impongan sobre la autoridad pública.


Un país no necesita perder el control de su territorio para que su soberanía se vea amenazada. Volvamos al ejemplo de los puertos, pero desde otra perspectiva. Cuando un trabajador portuario recibe un soborno o es intimidado, una organización criminal obtiene acceso a infraestructuras cuya seguridad es responsabilidad del Estado. Cuando el dinero ilícito entra en empresas legítimas, las redes criminales aprovechan estructuras económicas concebidas para impulsar la actividad económica del país. Cuando los funcionarios públicos se ven comprometidos, sus decisiones pueden quedar condicionadas por intereses criminales.


Estos fenómenos no implican automáticamente una pérdida de soberanía. Es importante distinguir entre actos aislados de corrupción y una infiltración criminal sistemática. La corrupción existe desde hace tiempo y probablemente seguirá afectando a distintos ámbitos. Sin embargo, cuando las redes criminales aprovechan de forma reiterada las instituciones públicas y privadas, pueden debilitar la capacidad del Estado para ejercer su autoridad en la práctica.


Esta cuestión es especialmente relevante en Europa, donde la integración económica contribuye a la prosperidad. Pero las mismas redes interconectadas que permiten a las empresas operar de manera eficiente entre distintos países también pueden ofrecer a las organizaciones criminales oportunidades para trasladar mercancías, dinero y personas.


En definitiva, la preocupación geopolítica no es que las organizaciones criminales vayan a sustituir a los gobiernos europeos, sino que puedan debilitar progresivamente la capacidad de los Estados para ejercer su autoridad en determinados ámbitos económicos e institucionales, aprovechándose al mismo tiempo de la apertura que caracteriza a Europa.


¿Por qué importa esto?


Porque el crimen organizado no se detiene en las fronteras nacionales, y sus consecuencias tampoco. Cuando las redes criminales aprovechan el comercio internacional, corrompen instituciones e introducen dinero ilícito en empresas legítimas, amenazan mucho más que la seguridad pública: debilitan la capacidad del Estado para hacer cumplir sus leyes y proteger a sus ciudadanos.


Europa no puede hacer frente a este desafío limitándose a incautar drogas. También debe proteger los sistemas económicos e institucionales que las organizaciones criminales pretenden explotar.


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