Uso pacífico bajo presión: La guerra por los satélites en la zona gris del Derecho del Espacio Ultraterrestre.

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Las interferencias, la suplantación de identidad y las intrusiones cibernéticas están convirtiendo silenciosamente la órbita en un territorio en disputa, y poniendo de manifiesto lo deficiente que resulta un marco de tratados redactado en 1967 para regular amenazas que no dejan rastro alguno.

En la madrugada del 24 de febrero de 2022, antes de que los primeros tanques rusos entraran en Ucrania, ya se estaba desarrollando otro tipo de ataque: en el espacio, o mejor dicho, a través de él. Una operación cibernética inutilizó decenas de miles de módems satelitales Viasat en toda Europa, interrumpiendo las comunicaciones de las fuerzas ucranianas y, como daño colateral, dejando fuera de servicio miles de aerogeneradores en Alemania. No hubo misiles, ni rastro de escombros, ni bola de fuego. Para la mayor parte del mundo, no ocurrió absolutamente nada visible.

Ese es precisamente el quid de la cuestión. La competencia por el espacio ya no se reduce a misiles antisatélite e imágenes de la Guerra Fría. Se libra a diario mediante interferencias invisibles, reversibles y, sobre todo, negables. Y el ordenamiento jurídico internacional que supuestamente rige el espacio ultraterrestre no fue concebido para ello.

Las amenazas que no dejan rastro

Cuando imaginamos un ataque a un satélite, solemos visualizar un ataque cinético: un misil que destruye una nave espacial y dispersa los restos en órbita. Estas armas existen, y sus pruebas son condenadas con razón. Pero son la excepción, no la regla. El verdadero desafío es no cinético, y ya es algo habitual.

Existen tres categorías principales. La interferencia satura una frecuencia con ruido, ahogando una señal legítima. La suplantación de identidad va más allá, transmitiendo una señal falsa que engaña al receptor para que acepte datos falsificados; un barco o una aeronave pueden llegar a creer que se encuentran en un lugar donde no están. El meaconing, una variante más sofisticada, intercepta y retransmite una señal de navegación genuina con retardo, alterando la posición y la sincronización sin que el objetivo se dé cuenta. A todo esto se suman las operaciones cibernéticas contra las estaciones terrestres, los enlaces de datos y el software que hacen que un satélite sea útil.

Ninguna de estas operaciones deja rastros. La mayoría son temporales y están geográficamente delimitadas. Muchas son difíciles de atribuir con certeza a un actor específico. Esta combinación (baja visibilidad, negación y reversibilidad) es precisamente lo que las convierte en instrumentos atractivos para la competencia en la zona gris. Generan un efecto estratégico sin alcanzar el umbral que desencadenaría una respuesta legal o militar clara.

La magnitud del problema ya no es una mera especulación. En marzo de 2025, en una inusual declaración conjunta, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Marítima Internacional expresaron su profunda preocupación por el aumento de las interferencias y la suplantación de identidad en los sistemas de navegación por satélite, advirtiendo que estas interferencias ponen en peligro la seguridad de la aviación civil y marítima mucho más allá de cualquier zona de conflicto inmediata. Desde el Báltico hasta el Mediterráneo oriental y Oriente Medio, las interferencias se han convertido en una constante del panorama estratégico, en lugar de una anomalía ocasional.

Por qué lo que está en juego es de índole civilizatoria, no de nicho.

Resulta tentador clasificar todo esto como «asuntos militares especializados». Pero sería un error. Los satélites son la base invisible de la vida moderna. Los sistemas de navegación global no solo guían aeronaves y barcos; proporcionan la sincronización precisa que coordina las transacciones financieras, las redes eléctricas y las redes de telecomunicaciones. La observación de la Tierra es fundamental para la respuesta ante desastres y la agricultura. Las comunicaciones por satélite abarcan desde la banca hasta el mando en el campo de batalla.

Por eso la órbita se ha convertido en un escenario de competencia entre grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia, y por eso la línea divisoria entre el espacio civil y el militar prácticamente se ha desvanecido. Una sola constelación puede servir a clientes comerciales y fuerzas armadas a la vez, como demostró el papel de Starlink en Ucrania. Cuando más de diez mil satélites activos comparten órbitas cada vez más congestionadas, el carácter de doble uso de casi todos los activos convierte la interferencia en una herramienta que puede dirigirse contra soldados y civiles simultáneamente.

La dirección que se está tomando es inconfundible. En diciembre de 2025, una orden ejecutiva de Estados Unidos sobre "garantizar la superioridad espacial estadounidense" instruyó a las agencias a detectar y contrarrestar las amenazas a la infraestructura espacial nacional; un lenguaje que habla de dominio, no de responsabilidad. El espacio se está redefiniendo, tanto en la doctrina como en los presupuestos, como un dominio que debe ser disputado y controlado.

Un marco de 1967 que aborda un problema del siglo XXI.

Aquí es donde entra en juego el derecho, y donde surgen dificultades. La piedra angular de la gobernanza espacial sigue siendo el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967. Su idea rectora es el «uso pacífico» del espacio ultraterrestre, y ordena que el espacio se explore y utilice en beneficio de todos. Pero sus prohibiciones concretas fueron diseñadas para una amenaza diferente. El artículo IV prohíbe colocar armas de destrucción masiva en órbita y militarizar cuerpos celestes; dice poco sobre la interferencia electromagnética y cibernética que predomina hoy en día. El artículo IX pide a los Estados que actúen con «debida consideración» hacia los demás y que eviten la «interferencia perjudicial», pero no ofrece ninguna definición, ningún umbral, ni ningún mecanismo de aplicación digno de tal nombre. El Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT prohíbe la interferencia perjudicial a los servicios de radio, pero fue concebido para gestionar conflictos técnicos accidentales entre operadores, no actos deliberados de diplomacia estatal.

El resultado es una ambigüedad persistente, y conviene precisar su naturaleza. ¿Se trata de una laguna normativa, una ausencia genuina de reglas, o una disfunción en la aplicación, donde las reglas existen pero fallan en la práctica porque no pueden interpretarse, atribuirse ni aplicarse frente a las amenazas actuales? La distinción es crucial. Si el problema es una laguna, la solución es una nueva legislación. Si el problema es la aplicación, ningún nuevo tratado será útil hasta que los Estados resuelvan las cuestiones más complejas de atribución, verificación y voluntad política. En mi opinión, el principio del uso pacífico no guarda silencio sobre las amenazas no cinéticas, sino que se aplica de forma insuficiente: el principio es lo suficientemente amplio como para abarcar la injerencia electrónica y cibernética, pero los Estados tienen pocos incentivos para interpretarlo de esa manera cuando la ambigüedad les beneficia.

La contraparte honesta: ¿es la nueva ley siquiera la solución?

Sería fácil concluir que la solución reside en un tratado integral que prohíba los ataques no cinéticos. Sin embargo, sería ingenuo. La historia del control de armas espaciales se caracteriza, en gran medida, por el estancamiento. Las negociaciones para prevenir una carrera armamentística en el espacio ultraterrestre llevan décadas paralizadas en la Conferencia de Desarme. El Código Internacional de Conducta para las actividades en el espacio ultraterrestre propuesto por la Unión Europea fracasó en 2015. El borrador del tratado, promovido durante mucho tiempo por Rusia y China, ha sido ampliamente criticado por su conveniente silencio sobre las capacidades terrestres que poseen estos Estados. Los Estados que se benefician de esta zona gris no han mostrado ningún interés en legislar para salir de ella.

Por eso, el foco de atención se ha desplazado de los tratados vinculantes hacia las normas de comportamiento responsable; un enfoque impulsado por recientes procesos y foros de la ONU, como la iniciativa liderada por el Reino Unido para reducir las amenazas espaciales. La lógica es pragmática: si no se puede llegar a un acuerdo sobre qué armas prohibir, se debe llegar a un acuerdo sobre qué conducta es irresponsable. Los críticos replican, con razón, que las normas no son vinculantes, son difíciles de verificar y resultan más fáciles de ignorar precisamente por los actores más dispuestos a explotar el espacio. Una norma sin atribución es una apelación a la conciencia, y la conciencia nunca ha desactivado un inhibidor de señales.

Ambas objeciones son válidas, y esa es la incómoda verdad. Ni un gran tratado ni una norma laxa, por sí solos, son suficientes para hacer frente a una amenaza que es técnica, negable y constante.

Lo que significará "pacífico"

La guerra por los satélites ya está aquí; simplemente no lo parece. Sus armas son las señales y el código, sus efectos se sienten más en tierra que en órbita, y su legalidad se sitúa en una zona gris que conviene a quienes operan en ella. El principio del uso pacífico no ha muerto, pero la práctica lo está socavando silenciosamente; reinterpretado, en efecto, por quien primero interfiere y luego niega el acceso.

El camino más probable no es ni un nuevo tratado ni un triunfo de las normas, sino una lenta disputa sobre la interpretación: sobre si se puede dotar de contenido real a los conceptos de "interferencia perjudicial" y "debida consideración", sobre si se puede lograr que la atribución sea lo suficientemente creíble como para tener consecuencias, y sobre si el término "pacífico" conserva algún significado cuando los ataques más trascendentales son los que nadie puede ver. Para un ámbito del que depende ahora todo el planeta, no se trata de una cuestión jurídica abstracta. Es uno de los desafíos de gobernanza que definen la década, y se está decidiendo, señal a señal, mientras la mayor parte del mundo mira hacia otro lado.