El cráter que SpaceX dejó en la Luna

Manuel Cerezo
hace 1 día
6 min de lectura

¿Quién es el responsable cuando un cohete perfora un terreno que no pertenece a nadie?

El 5 de agosto de 2026, a las 6:35 UTC, la segunda etapa de un cohete Falcon 9 de SpaceX se estrelló contra la superficie lunar a unos 8700 km/h (5400 mph), cerca del cráter Einstein, en el limbo occidental de la Luna. El impacto fue confirmado días después por imágenes del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA y del orbitador Danuri de Corea del Sur, y dejó un cráter reciente de entre 18 y 30 metros (60 a 98 pies) de ancho. No se trató de un accidente reciente: la etapa había estado a la deriva en el espacio durante un año y medio. Fue lanzada en enero de 2025 con dos módulos de aterrizaje lunares, el Blue Ghost de Firefly y el Hakuto-R de ispace, y quedó en una órbita de "basura" que la presión de la radiación solar empujó lentamente, poco a poco, hacia el impacto contra la superficie lunar.

El descubrimiento, del que informó inicialmente CNN , es más que una curiosidad astronómica. Es solo la segunda vez documentada que un objeto artificial impacta la Luna sin haber sido diseñado para ello, y plantea una pregunta incómoda: ¿qué dice el derecho internacional cuando sucede algo así y quién responde por ello?

Un accidente sin un marco legal claro

El punto de partida es el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, la principal ley del espacio. Su artículo II establece que ningún Estado puede reclamar la Luna ni ningún otro cuerpo celeste como propio, ya sea por soberanía, uso u ocupación. Esta norma tenía como objetivo evitar que una carrera colonialista se apropiara de territorios en el espacio, pero tiene un efecto secundario: si nadie es dueño de la Luna, técnicamente nadie es una "víctima" cuando un fragmento de basura espacial crea un cráter. Ningún Estado lunar puede presentar una reclamación sobre el terreno dañado.

Eso no significa que el derecho internacional no diga absolutamente nada. El artículo VI del mismo tratado responsabiliza a los Estados por las actividades espaciales de sus empresas privadas; así que, aunque el cohete pertenezca a una empresa como SpaceX, es Estados Unidos quien tiene la responsabilidad internacional por lo que haga esa etapa en el espacio. El Convenio de 1972 sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales establece dos sistemas diferentes. El artículo II aplica la responsabilidad absoluta cuando el daño ocurre en la superficie de la Tierra o a una aeronave en vuelo (no es necesario probar la culpa, solo el daño y la causa). Pero el artículo III, que cubre los daños causados en lugares distintos a la superficie de la Tierra (como en la Luna), exige probar que el Estado que lanzó el cohete tuvo la culpa. Y probar la culpa, en un caso donde ni siquiera hay un reclamante claro, es casi un ejercicio teórico.

La historia demuestra lo poco probado que está este sistema: la única reclamación resuelta bajo la Convención de 1972 fue el caso del Cosmos 954, cuando un satélite soviético con un reactor nuclear se estrelló en territorio canadiense en 1978, y se solucionó por vía diplomática, no ante un tribunal. Nunca se ha presentado una reclamación por daños en el espacio o en la Luna. El incidente de agosto, por muy impactantes que parezcan las fotos del cráter, probablemente tampoco dará pie a ninguna: no hay ninguna base lunar dañada, ninguna misión afectada y ningún Estado con un claro interés legal para presentar una reclamación contra Estados Unidos o SpaceX.

Existe un caso anterior que ilustra un problema aún más fundamental: determinar a quién pertenece realmente el objeto. En marzo de 2022, otro fragmento de cohete impactó la Luna cerca del cráter Hertzsprung. Inicialmente, se atribuyó a la etapa superior del Falcon 9. Meses de observación por parte de estudiantes de la Universidad de Arizona demostraron que se trataba de una etapa del cohete chino Chang'e 5-T1, lanzado en 2014. Si ya de por sí resulta difícil determinar la propiedad del objeto que impacta la Luna, es mucho más complicado presentar una demanda por responsabilidad civil contra un estado. El Convenio de Registro de 1975 exige a los estados que registren los objetos que lanzan al espacio, pero en la práctica, dicho registro no siempre es suficiente para rastrear con certeza los desechos que han estado a la deriva durante años o décadas.

Una Luna cada vez más disputada

Esta laguna jurídica no surge de un vacío geopolítico. Tras medio siglo, la Luna vuelve a ser un objetivo estratégico. Estados Unidos lidera los Acuerdos de Artemisa, que cuentan con 70 países signatarios e introducen ideas como las "zonas de seguridad" alrededor de futuras bases y lugares de importancia histórica, como los sitios de aterrizaje del programa Apolo (si bien estas zonas no son vinculantes y China y Rusia no se han adherido). Estos dos países, en cambio, están desarrollando su propia iniciativa, la Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS), lo que implica la existencia de dos bloques con normas diferentes para el mismo territorio. La idea de la "zona de seguridad" en sí misma es controvertida entre los expertos en derecho, ya que roza la violación del principio de no apropiación que constituye la base del Tratado del Espacio Ultraterrestre: ¿en qué momento el hecho de reservar un área alrededor de una base para uso propio deja de ser, en la práctica, una forma de apropiación?

Además, el Acuerdo Lunar de 1979 (el único tratado que declaró los recursos lunares como "patrimonio común de la humanidad" bajo un sistema compartido) nunca fue ratificado por ninguna potencia espacial importante, ni por Estados Unidos, ni por Rusia, ni por China, por lo que no tiene ninguna fuerza vinculante real.

El resultado es un espacio cada vez más concurrido alrededor de la Luna: más módulos de aterrizaje comerciales, más misiones gubernamentales y, como consecuencia, más desechos en órbitas inestables cerca de la Luna. Y no existe una autoridad que rastree las rutas, ni un sistema de monitoreo obligatorio, ni normas sobre desechos como las (no vinculantes) que ya existen para la órbita terrestre baja. El descubrimiento de August dependió en gran medida del trabajo de un astrónomo aficionado, Bill Gray, quien ha dedicado veinte años a rastrear objetos que se dirigen a la Luna por su cuenta; una labor que debería corresponder a un sistema internacional formal, no a la buena voluntad de una sola persona.

Lo que aún queda por resolver

Ni las agencias espaciales ni SpaceX emitieron ninguna declaración formal sobre el impacto, lo cual ya es significativo: según las normas vigentes, no existe una obligación clara de explicar una colisión en tierra que no pertenece a nadie. Este episodio no está provocando una crisis diplomática, pero sirve como advertencia. A medida que Artemis, el ILRS y las empresas privadas realicen más lanzamientos hacia la Luna en los próximos años, la posibilidad de que un impacto como este alcance una base, un rover o una misión activa dejará de ser remota. Y para ese escenario, el derecho espacial internacional, redactado principalmente en las décadas de 1960 y 1970 pensando en los Estados en lugar de en flotas de cohetes privados, aún no ofrece una respuesta clara.

Fuentes:

El cráter que SpaceX dejó en la Luna

Entradas recientes

Comentarios